El pasado día 10 de Abril se presentó en Madrid el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre el racismo en España. Con el título "España: entre la desgana y la invisibilidad" Amnistía Internacional hablaba del desinterés de las autoridades españolas y las políticas de estado ante un problema que muchos quieren hacer invisible.
El Estado Español no ha firmado hasta diez convenios internacionales de de lucha contra el racismo, es uno de los cinco estados miembros de la Unión Europea que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas y se encuentra entre los diez europeos con mayor explotación sexual de mujeres y niñas (según datos de la ONU).
Ante esta situación Amnistía Internacional nos presenta un informe en el que analiza la discriminación que sufren inmigrantes y gitanos en España, y lo más importante "la pasividad de los diferentes gobiernos del estado español, que han querido hacer invisible un problema que afecta a miles de personas en nuestro país" en palabras de Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional que atendió a los micrófonos de "Tal como somos" en exclusiva.
Al no poseer datos oficiales, las ONG`s tienen datos probados de más de 4.000 agresiones racistas el año pasado en España, aunque las organizaciones piensan que serán muchas más ya que los agredidos son en su mayoría inmigrantes que muchas veces carecen de documentación en regla. A pesar de no ser un procedimiento muy habitual por parte de la policía, un inmigrante que denuncie una agresión y carezca de documentación, puede ser expulsado de España. Esto lo saben los inmigrantes y por ello muchos sienten gran miedo a la hora de denunciar este tipo de actos.
Desde Amnistía Internacional, para apoyar que los inmigrantes indocumentados que sufran una agresión racista denuncien, han planteado al gobierno español que elimine la ley que permite la expulsión de indocumentados cuando reciban este tipo de agresiones. Planteamiento que se hizo el pasado otoño y del que aún no han recibido respuesta.
Una agresión racista no es sólo una agresión física. Según los últimos datos oficiales la actitud hostil hacia los inmigrantes se ha incrementado en siete años en España de un 8 a un 32% (con datos del 2004), lo que es resultado de una mala política de integración. El estado no sólo debe destina recursos para la integración de ciudadanos extranjeros que residen en España, sino también para hacer entender a muchos españoles, que España está cambiando y que el proceso de integración tiene que venir de ambas partes. No caigamos en el error de muchos de nuestros vecinos europeos.
El Estado Español no ha firmado hasta diez convenios internacionales de de lucha contra el racismo, es uno de los cinco estados miembros de la Unión Europea que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas y se encuentra entre los diez europeos con mayor explotación sexual de mujeres y niñas (según datos de la ONU).
Ante esta situación Amnistía Internacional nos presenta un informe en el que analiza la discriminación que sufren inmigrantes y gitanos en España, y lo más importante "la pasividad de los diferentes gobiernos del estado español, que han querido hacer invisible un problema que afecta a miles de personas en nuestro país" en palabras de Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional que atendió a los micrófonos de "Tal como somos" en exclusiva.
Al no poseer datos oficiales, las ONG`s tienen datos probados de más de 4.000 agresiones racistas el año pasado en España, aunque las organizaciones piensan que serán muchas más ya que los agredidos son en su mayoría inmigrantes que muchas veces carecen de documentación en regla. A pesar de no ser un procedimiento muy habitual por parte de la policía, un inmigrante que denuncie una agresión y carezca de documentación, puede ser expulsado de España. Esto lo saben los inmigrantes y por ello muchos sienten gran miedo a la hora de denunciar este tipo de actos.
Desde Amnistía Internacional, para apoyar que los inmigrantes indocumentados que sufran una agresión racista denuncien, han planteado al gobierno español que elimine la ley que permite la expulsión de indocumentados cuando reciban este tipo de agresiones. Planteamiento que se hizo el pasado otoño y del que aún no han recibido respuesta.
Una agresión racista no es sólo una agresión física. Según los últimos datos oficiales la actitud hostil hacia los inmigrantes se ha incrementado en siete años en España de un 8 a un 32% (con datos del 2004), lo que es resultado de una mala política de integración. El estado no sólo debe destina recursos para la integración de ciudadanos extranjeros que residen en España, sino también para hacer entender a muchos españoles, que España está cambiando y que el proceso de integración tiene que venir de ambas partes. No caigamos en el error de muchos de nuestros vecinos europeos.
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